Las negociaciones entre el Gobierno y los holdouts están en plena tensión. Las diferencias con respecto a hacer pública las ofertas (que tienen que presentar ambos) es sólo una anécdota entre la gran cantidad de cuestiones abiertas. Tanto el presidente Mauricio Macri como el titular de Hacienda Alfonso Prat Gay admitieron en Davos que las tratativas estaban aún lejos de llegar a buen puerto. Según trascendió, hay varios puntos que parecen ser conflictivos.
Por un lado, si bien los acreedores -en el pasado- han dicho públicamente que estaban dispuestos a aceptar bonos en cambio de su deuda en default, ahora cambiaron de parecer. Le avisaron a Luis Caputo, el secretario de Finanzas, que para aceptar un quita como la que quiere plantear el Ejecutivo, el pago debe ser cash. La poda máxima que estarían dispuestos a convalidar, se dice en las reuniones, es del 30%. Pero NML Capitalquiere que no supere el 15%.
La deuda total, había dicho Prat Gay, ascendía a casi USD 10.000 millones. De este total, el 30% corresponde al capital (intocable) y el 70% restante a los intereses. Sobre esos intereses es que en el mejor de los casos el Gobierno podría aplicarle una quita del 30%.
La cuenta entonces daría que los acreedores (todos, incluidos los me too) quieren un pago cash por USD 7.900 millones por parte del Gobierno. Según transcendió en el mercado, Prat Gay y Caputo ya estarían cerrando un plan para avanzar en esa insólita demanda. Quienes pondrían los dólares contantes y sonantes sería un grupo de bancos internacionales, quienes le pegarían a los fondos buitre. Y ese pool de bancos tomaría como parte de pago bonos del Gobierno.
Así, los buitres obtienen dólares, el Gobierno se ahorra de tener que abrir la billetera inmediatamente, y los bancos se quedan con títulos nacionales que tienen un alto potencial de suba en el mercado secundario. En ese caso, el cálculo que hacen los fondos de inversión del exterior que están de visita en Buenos Aires es que un acuerdo con los holdouts hará subir muy fuerte los títulos de la deuda. Por ende, ganancias para los bancos que invirtieron.
Otro tema es la difusión de la oferta que pretende hacer Prat Gay. Cuando Caputo le comunicó este tema los acreedores pusieron el grito en el cielo. Saben que si se hace público que el Gobierno está ofreciendo algo "serio" no les quedará otra alternativa que aceptar, porque "las presiones de Washington serán muy fuertes". Ese es el temor de Paul Singer y el resto de los buitres. Que el otrora apoyo, por omisión o en forma activa, del Gobierno estadounidense y los jueces se evapore. Prat Gay y Macri se llevaron de Davos el compromiso de Jacob Lew, el secretario del Tesoro de EEUU: si Argentina presenta una oferta seria todo el aparato político de Washington saldrá a respaldar esa iniciativa. También dio el aval Joe Biden, el vicepresidente de EEUU.
Incluso, dicen, el mismo juez Thomas Griesa jugaría a favor de la Argentina ante la hipotética intransigencia holdout. ¿Por qué los acreedores ahora no quieren cerrar un acuerdo? Básicamente, dicen en Finanzas, por los intereses de la deuda que siguen corriendo hasta que se llegue a una solución. "Los que no tienen apuro son ellos, y quieren seguir engordando la factura para que les paguemos más", acotan. Por eso, además, los acreedores pidieron más tiempo para presentar una oferta que iba a ser esta semana. "Tienen muchas internas y están acorralados poque saben que este juicio se termina rápido si nosotros queremos", suman.
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